OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA DE ANDALUCIA

 

REGULACIÓN:

 

Decreto 171/2014, de 9 de diciembre, por el que se regula el Observatorio de la Vivienda de Andalucía

 

FUNCIONES:

 

• Propiciar el encuentro y la participación de todos los sectores afectados en el ámbito de la vivienda.
• Realizar un diagnóstico exhaustivo y permanentemente actualizado de la situación de la vivienda, el suelo y la ciudad en Andalucía.
• Asesorar sobre la planificación de la acción normativa en el ámbito de la vivienda.
• Estudiar y analizar la función social de la vivienda y la realidad social y económica de la misma, con especial atención al ejercicio de los derechos habitacionales y a la incidencia de los suministros básicos a las viviendas.
• Contribuir a la rehabilitación sostenible y accesible de viviendas y ciudades.
• Constituir un contenedor digital de acceso libre a la producción institucional, científica e investigadora en materia de vivienda y ciudad, dentro de los términos que permita la normativa que en cada caso sea aplicable.
• Colaborar en los trabajos que sobre esta materia pueda realizar cualquier órgano público.
• Cualesquiera otras que, en el ámbito de sus funciones, le sean encomendadas por la Consejería competente en materia de vivienda.

 

COMPOSICIÓN:

 

• La Presidencia, que corresponderá a la persona titular de la Consejería competente en materia de vivienda.
• La Vicepresidencia, que corresponderá a la persona titular del centro directivo competente en materia de vivienda, según el orden de prelación establecido en la estructura orgánica de la Consejería competente en esta materia.
• Las Vocalías, integradas por las siguientes personas:
• Una con rango, al menos de titular de Dirección General, en representación de la Consejería de la Presidencia.
• Una con rango, al menos, de titular de Dirección General, en representación de las Consejerías con competencias en las siguientes materias. Administración local, consumo, hacienda, energética, políticas sociales, medio ambiente, ordenación del territorio, turismo y comercio.
• Las titulares de las Direcciones Generales competentes en materia de vivienda, rehabilitación y arquitectura.
• La titular de la Dirección de la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía.
• Una en representación de la asociación de municipios y provincias de mayor implantación en Andalucía.
• Una en representación de la Asociación andaluza de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo.
• Dos en representación de las organizaciones empresariales más representativas de Andalucía, a propuesta de éstas.
• Dos en representación de las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal y dos en representación de las organizaciones sindicales más representativas de Andalucía. En el supuesto de que coincida la mayor representatividad da nivel autonómico y a nivel estatal, serán dos los representantes de estas organizaciones, a propuesta de las mismas.
• Una en representación del Sector de la Economía Social de Andalucía.
• Dos en representación de las entidades financieras, operantes en Andalucía, designadas, respectivamente, por la Asociación Española de Banca y la Confederación Española de Cajas de Ahorros.
• Tres en representación de las organizaciones de personas consumidoras y usuarias de Andalucía, designadas por el Consejo de Consumidores y Usuarios de Andalucía.
• Una en representación de las organizaciones vecinales, designada por la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Andalucía.
• Una en representación de las Universidades de Andalucía, designada por el Consejo Andaluz de Universidades.
• Dos en representación de los Colegios profesionales vinculados al sector de la vivienda, designados, respectivamente, por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos y por el Consejo Andaluz de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria.
• Una en representación de la Mesa del Tercer Sector de Andalucía, a propuesta de ésta.
• Hasta un máximo de cinco en representación de aquellos otros colectivos sociales, con personalidad jurídica, vinculados a la problemática de la vivienda que, previa solicitud, determine la Presidencia, en razón a su implantación territorial y número de miembros.